La AEPD multiplica los procedimientos por brechas de datos y pone el foco en los controles de las empresas

Qué enseña la Memoria 2025 a las organizaciones que conectan CRM, ERP, agentes de IA y automatizaciones — leída con cuidado, cifra a cifra.

De 30 a 77

El 6 de mayo de 2026 la Agencia Española de Protección de Datos presentó su Memoria del ejercicio 2025. Una tabla de la página 93 merece leerse despacio: los procedimientos sancionadores o de apercibimiento relacionados con brechas de datos personales pasaron de 30 a 77 en un solo año. Las multas asociadas a ese conjunto alcanzaron 19,84 millones de euros — más del 40% de todo lo que la Agencia impuso en 2025.

Para una empresa que conecta su CRM, su ERP y sus herramientas de atención al cliente mediante automatizaciones, la pregunta práctica no es si estas cifras alarman. Es qué podría acreditar hoy sobre los accesos y las operaciones que se ejecutan con sus datos — y quién, o qué, las realiza.

Leer bien las cifras

Una cifra así invita a los atajos, y casi todos son erróneos. Los 77 son procedimientos, no 77 multas ni 77 empresas: la tabla agrupa sanciones y apercibimientos. Los 48,1 millones son importe de multas impuestas en resoluciones definitivas, no dinero recaudado. Y el año de resolución no es el año del incidente — los dos casos que se examinan más abajo tratan hechos de 2022 y 2023, así que las cifras de 2025 reflejan también trabajo investigador iniciado mucho antes.

Dos cosas más que la Memoria no dice. No demuestra que las brechas en sí hayan crecido un 157% — demuestra que creció la actividad de supervisión a su alrededor. Y no atribuye el aumento a la IA: la relación causal entre agentes y sanciones no está cuantificada en ningún punto del documento. Lo defendible es más estrecho y más útil: en 2025 la Agencia multiplicó por 2,57 el número de procedimientos en los que examinó cómo una empresa protegía datos personales y cómo reaccionó cuando esa protección falló.

El problema vive en sistemas corrientes

La página más útil de la Memoria para un CTO no es la tabla de multas. Es la página 30, donde la Agencia describe el tipo de incidente que vio: brechas en encargados y plataformas CRM, accesos con credenciales comprometidas, errores de destinatario y exposición de datos. Nada de eso es exótico. Es lo que ocurre en las costuras entre los sistemas que una empresa mediana ya opera.

Cada integración amplía dos cosas a la vez: las rutas por las que pueden circular datos personales, y el número de identidades capaces de actuar sobre ellos. Una cuenta de servicio creada para sincronizar contactos acaba usándose en otros cuatro procesos. Un cambio de proveedor deja un token vivo. Una automatización bien construida empieza a enviar datos al destino equivocado el día que alguien edita su configuración. Estos mecanismos merecen control intervenga o no un modelo de IA — y la autenticación multifactor en la consola, útil como es para humanos, no convierte un token API estático en una credencial restringida por operación.

Una inspección que empieza con una reclamación puede terminar examinando el diseño de todo un proceso. Una política aprobada y una política aplicada son dos evidencias distintas.

Dos resoluciones, dos lecciones

Dos resoluciones publicadas ponen cara a las cifras. De ninguna de las dos empresas se afirma aquí que usara agentes de IA; las lecciones van de controles, no de tecnología.

• PS/00128/2024 · Carrefour · 3,2 M€

  Autenticar una petición no es lo mismo que saber que el acceso es legítimo.

  Varios incidentes en 2022 y 2023; 118.895 cuentas únicas consideradas comprometidas, probablemente mediante credential stuffing con pares de usuario y contraseña filtrados. La Agencia impuso 2 M€ por el art. 5.1.f (confidencialidad), 1 M€ por el 32 (seguridad) y 200.000 € por el 34 (comunicación a los afectados), y ordenó acreditar que se había informado a las personas. La lección técnica: un login válido no decía nada al sistema sobre quién estaba realmente detrás — y reconstruir el alcance del incidente, y comunicarlo bien, se juzgó con tanta dureza como la propia brecha.

• PS/00373/2025 · Sprinter · 2,6 M€ → 1,56 M€

  Conocer la configuración actual no demuestra cuál estaba vigente cuando importaba.

  Una brecha notificada en octubre de 2023. Entre la documentación aportada figuraban hojas de cálculo sin fecha ni firma; la resolución señala que no pudo determinarse si ciertos controles se incorporaron antes o después del incidente. La multa se fijó en 2,6 M€ y se redujo un 40% por reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario, hasta 1,56 M€. La lección: puede que el control existiera — pero un control que no puedes fechar es un control que no puedes probar. Un historial de políticas con fecha de activación, aprobador y evidencia de despliegue habría valido más que cualquier reconstrucción a posteriori.

Qué significan de verdad las 72 horas

Una brecha según el art. 4.12 RGPD no exige una filtración pública. Enviar nóminas a la lista equivocada, mezclar registros de dos clientes, borrar datos necesarios para prestar un servicio o exponer expedientes mediante un enlace, todo cuenta. Una vez que el responsable tiene constancia, el art. 33 exige notificar a la autoridad sin dilación indebida y, de ser posible, en 72 horas — salvo que sea improbable el riesgo para las personas. El art. 34 añade la comunicación a los afectados cuando el riesgo es alto. Y un encargado que conoce una brecha debe informar al responsable sin dilación indebida, no después de cerrar su propia investigación.

Conviene matar tres lecturas erróneas. Las 72 horas no son un tiempo de espera ni un plazo para restaurar todos los sistemas: corren desde la constancia, y la notificación puede completarse por fases. Notificar no provoca una sanción — las 2.765 notificaciones recibidas en 2025 y los 77 procedimientos son poblaciones distintas, y dividir una por otra no dice nada. Y el TJUE (C-340/21) ha dejado claro que un acceso no autorizado no prueba por sí solo que las medidas fueran inadecuadas; lo que se examina es si eran apropiadas al caso. Que es justo la razón por la que la evidencia de qué tenías implantado, y desde cuándo, decide tanto.

Las orientaciones sobre IA agéntica de 2026

Las cifras de 2025 no hablan de IA. El vínculo explícito llega en un documento posterior: el 18 de febrero de 2026 la AEPD publicó sus orientaciones sobre IA agéntica. Se leen como una lista de comprobación para quien opera procesos autónomos sobre datos personales — identidad y mínimo privilegio para los agentes, control de delegaciones, vigencia de credenciales, actualización del registro de actividades de tratamiento y trazabilidad, junto con la minimización, seudonimización y caducidad de los propios registros.

Dos cautelas. Las orientaciones no certifican ningún producto, ni convierten cada tecnología que mencionan en una obligación universal: el responsable sigue eligiendo las medidas adecuadas a su tratamiento. Y los mismos controles aplican a los workflows deterministas — una sincronización programada que mueve registros de clientes necesita identidad, límites y trazabilidad exactamente igual. Lo que añade la autonomía del agente es variabilidad en la elección de herramientas y acciones, lo que sube el listón en vez de cambiar de tema.

Hemos leído las orientaciones de principio a fin y las hemos proyectado, medida a medida, sobre lo que una plataforma de gobernanza puede y no puede hacer: Las orientaciones de la AEPD sobre IA agéntica: 76 páginas que se leen como una especificación para gobernar automatizaciones.

Dónde encaja Kimetai — y dónde no

Kimetai está diseñado para la necesidad que esta Memoria deja al descubierto: asociar cada agente y automatización a una identidad y a un responsable, definir qué operaciones puede realizar, decidir antes de que se ejecuten las acciones sensibles y conservar evidencia de decisiones y resultados. Proyectado sobre el RGPD, ahí está la contribución — y ahí están sus límites.

Una condición importa más que las demás. Decidir y ejecutar son funciones distintas. Si una automatización pregunta a Kimetai si puede exportar un conjunto de datos, recibe un deny, y sigue teniendo una credencial que le permite llamar directamente al destino, la organización ha obtenido una decisión correcta pero no una barrera. La prevención solo existe donde la política se aplica en el punto efectivo de ejecución — por el sistema destino, por un ejecutor controlado o por un gateway en línea que custodia las credenciales — y donde las rutas alternativas están cerradas. Cada integración debería declarar con claridad qué acciones controla antes, cuáles observa después y cuáles quedan fuera.

Y la propia traza de auditoría es una actividad de tratamiento. Cuando permite identificar a un empleado, un cliente o un usuario, necesita minimización, acceso restringido y un plazo de conservación ligado a una finalidad — un hash no es automáticamente anónimo, y no existe una regla RGPD universal de conservar los logs siete años. La integridad criptográfica dice que el registro no se alteró; no dice que fuera completo ni que la política fuera adecuada.

Tres preguntas para empezar

1. 01¿Qué procesos automatizados — agentes y workflows — acceden a datos personales en tu empresa, y quién responde de cada uno?
2. 02¿Qué impide, en concreto, que alguno actúe fuera de su alcance autorizado — no qué dice la política, sino qué componente la hace cumplir?
3. 03Si la Agencia preguntara mañana, ¿qué evidencia te permitiría reconstruir una ejecución concreta: identidad, versión de política, parámetros, aprobación, resultado?

Responderlas exige que tecnología, seguridad, operaciones y protección de datos trabajen sobre el mismo inventario. La Memoria no dice que una plataforma de gobernanza sea obligatoria. Dice, de 77 maneras distintas, que las empresas que no pudieron mostrar sus controles lo pagaron.